Por Rodrigo Rincón
Aidós y Némesis, principios griegos que representan el fundamento exterior de las sociedades; la primera para referirse al sentimiento de la propia dignidad y la segunda, al sentimiento de justa indignación ante las indignidades ajenas.
Ambos principios coparticipan en generar “el respeto que cada ser humano se debe a sí mismo, en cuanto es cuerpo y en cuanto es alma; el respeto, es considerado como un mandamiento de la moral. A esto se refiere el sentimiento de la dignidad de la persona”. Ideales que llevan a que “todos los hombres son igualmente dignos en cuanto a su condición de hombres, así como todos deben ser iguales ante la ley”. 1
Dichos ideales se ven reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Osornio y Nieto en su libro sobre Derecho Penal señala que “el hombre es un ser eminentemente gregario, es decir, posee una tendencia natural hacia el agrupamiento con otros seres de su misma especie, lo cual da lugar a la integración de la sociedad, desde sus formas más primitivas y simples hasta sus manifestaciones más desarrolladas y complejas, como las que actualmente conocemos”. 2
Entre los agrupamientos resaltan por un lado, los conservadores tanto de la iglesia católica como de fuerzas políticas de derecha que gozan de beneficios políticos, jurídicos, económicos, sociales y hasta de favoritismos; por otro lado, el sinnúmero de vulnerables y desprotegidos quienes día tras día luchan contra corriente por su sueño de reconocimiento y protección jurídica.
El gran paso de México para apoyar a grupos minoritarios desprotegidos fue hasta el año 2001 cuando se elevó a rango Constitucional la prohibición de la esclavitud mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 1 que a la letra dice:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.
A partir de ese año, Nuestra Carta Magna –ley de todas las leyes- ha inspirado a que representantes de Poderes Ejecutivo y Legislativo en distintas Entidades de nuestro País incorporen en su marco jurídico sanciones a conductas discriminatorias y vergonzosas que fomentan entre otras, desigualdad y generación de categorías de ciudadanos.
Aidós y Némesis, principios griegos que representan el fundamento exterior de las sociedades; la primera para referirse al sentimiento de la propia dignidad y la segunda, al sentimiento de justa indignación ante las indignidades ajenas.
Ambos principios coparticipan en generar “el respeto que cada ser humano se debe a sí mismo, en cuanto es cuerpo y en cuanto es alma; el respeto, es considerado como un mandamiento de la moral. A esto se refiere el sentimiento de la dignidad de la persona”. Ideales que llevan a que “todos los hombres son igualmente dignos en cuanto a su condición de hombres, así como todos deben ser iguales ante la ley”. 1
Dichos ideales se ven reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Osornio y Nieto en su libro sobre Derecho Penal señala que “el hombre es un ser eminentemente gregario, es decir, posee una tendencia natural hacia el agrupamiento con otros seres de su misma especie, lo cual da lugar a la integración de la sociedad, desde sus formas más primitivas y simples hasta sus manifestaciones más desarrolladas y complejas, como las que actualmente conocemos”. 2
Entre los agrupamientos resaltan por un lado, los conservadores tanto de la iglesia católica como de fuerzas políticas de derecha que gozan de beneficios políticos, jurídicos, económicos, sociales y hasta de favoritismos; por otro lado, el sinnúmero de vulnerables y desprotegidos quienes día tras día luchan contra corriente por su sueño de reconocimiento y protección jurídica.
El gran paso de México para apoyar a grupos minoritarios desprotegidos fue hasta el año 2001 cuando se elevó a rango Constitucional la prohibición de la esclavitud mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 1 que a la letra dice:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.
A partir de ese año, Nuestra Carta Magna –ley de todas las leyes- ha inspirado a que representantes de Poderes Ejecutivo y Legislativo en distintas Entidades de nuestro País incorporen en su marco jurídico sanciones a conductas discriminatorias y vergonzosas que fomentan entre otras, desigualdad y generación de categorías de ciudadanos.
